More than 11,600 elevators in the province of Alicante are on the verge of closing due to lack of inspections

La nueva normativa de ascensores de España entró en vigor el pasado lunes y su puesta en marcha ha marcado un nuevo tiempo para los inspectores y otro para las comunidades de vecinos. Para el colectivo profesional y empresas del sector, las alertas giran alrededor del colapso de peticiones de inspección. Las segundas han entrado a revisar cuentas ante las informaciones de que las adaptaciones tendrán su coste. 

Sin embargo, antes de entrar en la casuística la nueva normativa ha destapado una preocupación mayor y es la falta de edificios que funcionan al margen de la ley. Actualmente, la Conselleria de Industria tiene censados 58.118 ascensores en la provincia, de ellos, se calcula que un 20 % están fuera de la normativa reglamentaria anterior o al menos, ese es el cálculo que realiza Joaquín García, director técnico de Labcer, una de las mayores empresas dedicadas a la inspección en la provincia de Alicante. Los nuevos controles son más rigurosos en cuanto a las deficiencias y determinados incumplimientos provocan la clausura automática -además de la comunicación a Industria- del ascensor. 

Para estos 11.624 elevadores, las complicaciones se han multiplicado, porque además de la ilegalidad que representa tener la «ITV industrial» caducada, tendrá que esperar una media de cuatro meses a que se atienda su petición, porque en estos momentos, la ingente cantidad de demanda ha provocado desajustes. No solo la empresa con sede en Redován lo confirma, también lo hacen desde el Colegio de Administradores de Fincas

Presupuestos

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La inspección pura y dura tiene un importe aproximado de 100 euros. Con la revisión, se entregará un parte detallado con las faltas si las hubiera. En este punto, nadie se atreve a dar una cifra porque depende de muchos detalles. La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) considera que las mejoras pueden suponer una media de entre 800 y 8.000 euros, pues las medidas básicas que se recogen en el Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», en su anexo VII contempla cuestiones menores. Lo más destacado es la nivelación de ascensor a su salida, la luz interior, la célula fotoeléctrica para que no se cierre la puerta que ahora tendrá que transformarse en una cortina. Junto a eso, cuestiones más técnicas. 

El problema es para los ascensores de más de 50 años, según explica la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, María del Mar Rodríguez. «un cambio completo de cabina sí supone un importante desembolso, pues puede oscilar entre los 50.00-80.000 euros. En este caso, la planificación económica antes y más ahora con la ley, es fundamental». 

Sin embargo, a la responsable del Colegio lo que le preocupa es el alarmismo con el que se han enfrentado algunos vecinos con la noticia. «La nueva norma no significa que ahora se tenga que pasar una inspección. Se ha de pasar cuando le toque, al igual que los coches», destaca Rodríguez. 

«En las reuniones, los propietarios han venido preguntando directamente por derramas», explica; «pero no necesariamente es así. Deben informarse y si no tiene administrador, ponerse en contacto con la empresa de mantenimiento». 

Para el Colegio, «con esta norma ya no existe flexibilidad» y un problema que hemos detectado es en comunidades con contrapesas en los patios de luces. María del Mar se refiere a las fincas que pusieron posteriormente los elevadores. «Ahora, además hay un ajuste en los plazos por parte de empresas e inspectores y se debe trabajar con más tiempo de previsión; pero será poco tiempo porque la propia ley marca que se debe garantizar que la ITC se pasa durante el mes siguiente». 

En el Colegio ya se han hecho jornadas formativas para que se pueda responder a los vecinos y, ante todo, se tome note de los ajustes con tiempo suficiente para evitar los sustos o las clausuras de las máquinas. A partir de ahora, una paralización conlleva una nueva inspección que no se podrá hacer hasta pasada una semana, ahora era a las 24 horas. 

De las facilidades a las multas

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En cualquier caso, las comunidades afrontan un gasto que se sale de lo habitual y, antes de las derramas, son las propias empresas las que dan facilidades de pago y las entidades financieras. La presidenta del Colegio confirma que ya tienen constancia de que algunos bancos se han abierto a financiar estas operaciones y, por lo tanto, atajar cuanto antes las deficiencias señaladas. 

También empresas de mantenimiento ofrecen como norma de la compañía pagar mensualmente los arreglos, si las cantidades son menores. En ambos casos, la solvencia de la comunidad se analiza por parte del departamento comercial. 

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El tiempo para pasar las inspecciones, luego, varía desde los seis meses a los diez años. Su incumplimiento viene conlleva sanciones -Ley de Industria de 1992 – que va desde los 60.000 a los 100 millones. Las inspecciones se deben pasar cada dos años para ascensores instalados en edificios de uso industrial o en lugares de pública concurrencia como cines o auditorios. Cada cuatro años, los edificios de más de veinte viviendas, o con más de cuatro plantas y cada seis años, los no incluidos en los casos anteriores. 

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Source: Informacion

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