From pandemic paradise to “social monologue”: Government and employers have gone from agreeing on everything to agreeing on almost nothing

En contra de lo que pensó por aquel entonces más de uno, las relaciones entre una ministra de Trabajo con el carnet del Partido Comunista y el líder de la gran patronal española empezaron con un auténtico maratón de acuerdos y entendimientos. Yolanda Díaz solo llevaba 10 días con la cartera ministerial y ya logró pactar con Antonio Garamendi y los secretarios generales de CCOO y UGT la subida del salario mínimo interprofesional, de 900 a 950 euros

Era el inicio de un idilio de acuerdos en el seno del diálogo social, cuyo momento álgido acabó culminando con un acuerdo para una nueva reforma laboral y que cuatro años después está de capa caída, enfilando el más que probable camino al mayor desencuentro desde que el Gobierno de coalición entró en Moncloa: la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.  

Emergencia pandémica

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Menos de dos meses antes de que el Gobierno ordenara el confinamiento de la población ante la pandemia del coronavirus, Díaz, CEOE, CCOO y UGT daban un golpe de efecto y cerraban el primero de muchos acuerdos tripartitos, iniciando así una de las etapas más prolíficas del diálogo social. Tras ese primer SMI llegó la pandemia y esa excepcionalidad tejió los mimbres para que patronal y sindicatos acordaran junto al Gobierno el mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Una figura ya existente, renovada y adaptada al covid y que llegó a cubrir a más de tres millones de trabajadores durante los peores momentos de la pandemia. 

Dicha figura fue renovada en sucesivas negociaciones sociales, siempre con acuerdo tripartito. Que fuera el Estado quien pusiera el dinero para blindar las rentas de trabajadores y empresas lubricó los acuerdos, que se extendieron a la primera ley de trabajo a distancia, la ley Rider, una primera reforma de las pensiones y, finalmente, la joya de la corona -laboralmente hablando- de la pasada legislatura: la reforma laboral. Aquella norma que prosperó parlamentariamente por un voto erróneo de un diputado del PP, que aquel día votó desde casa por una gastroenteritis, y cuyo fracaso hubiera provocado, según dijo ella misma, la dimisión de la vicepresidenta segunda.

El culmen del diálogo social durante la pasada legislatura se ratificó pocos días antes de la Navidad del 2021. Durante más de un momento la patronal estuvo fuera del acuerdo, pero finalmente los de Garamendi entraron aplicando una estrategia de minimización de daños. Y es que la dependencia parlamentaria de la Coalición de fuerzas de izquierdas como ERC o EH Bildu amenazaba con radicalizar aquella norma que no llegara al Congreso sin el aval patronal. Finalmente CEOE aceptó y puso como condición no tocar ni una coma de la norma en el trámite parlamentario, algo que casi la hace descarrilar, pero que finalmente, por un error, prosperó.  

La difícil relación entre Garamendi y Casado

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Ese idilio de acuerdos no le salió gratis al presidente de la CEOE, que vio como su histórica buena relación del PP, entonces liderado por Pablo Casado, se iba enturbiando. Hasta el punto de que, según explican distintas fuentes conocedoras, la entonces mano derecha de Casado, Teodoro García Egea, llegó a hacer prospecciones para aupar una candidatura rival a la de Garamendi y sacarlo así de la presidencia en los comicios patronales de noviembre de 2022. El principal problema que tuvo esa presunta iniciativa es que Casado no duró lo suficiente al frente del PP y fue defenestrado medio año antes por los suyos.

Las presiones políticas han condicionado la relación entre el Gobierno y la CEOE, especialmente cuando el primero optó por abrir la vía de los indultos a los presos independentistas para tratar de normalizar las relaciones políticas con la Generalitat. “Si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, bienvenidos sean”, afirmó Garamendi durante su visita a Barcelona para las jornadas del Cercle d’Economia. Y la presión, tanto externa como interna, que sufrió por dichas palabras cristalizó en las lágrimas que no pudo evitar soltar cuando, pocos días después, la asamblea general de la CEOE en bloque se levantó para aplaudirle y cerrar filas con él. “Tengo que reconocer que he pasado unos días malos”, verbalizó el vasco.

La irrupción de Conpymes

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La reforma laboral fue el último gran pacto tripartito del diálogo social, que luego se entendió en temas de menor dimensión mediática -como el reciente protocolo contra el acoso LGTBI en las empresas- y chocó en los más mollares -y costosos para las empresas-, como las últimas cuatro subidas del salario mínimo o la última parte de la reforma de las pensiones.

Por el camino ha habido diversos picos de tensión, focalizados principalmente en momentos en los que el Gobierno ha aprobado por la puerta de atrás medidas relativas al diálogo social y que ha aplicado para ganarse el apoyo de algún socio parlamentario. Fue el caso del refuerzo del rol de los inspectores de Trabajo en el control de los eres, que lo pactó con EH Bildu. O, más recientemente, la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales sobre los estatales, pactado con el PNV. Medidas contrarias a las posiciones de la CEOE y que sentaron especialmente mal por aprobarse sin consulta previa

Aunque el momento de mayor tensión llegó cuando a finales de mayo el Ejecutivo abrió la puerta a Pimec, patronal competidora de la CEOE en Cataluña, al diálogo social a escala estatal. El reconocimiento, a través de su incorporación al Comité Económico Social (CES), es de momento simbólica, pero amenaza directamente con la representación única que hasta ahora venía ostentando la CEOE entre las empresas. Los de Garamendi acusaron al Gobierno -especialmente enojados aquí ya no con Yolanda Díaz, sino con Pedro Sánchez- de querar “dinamitar el diálogo social” y acercaron su relación a un punto de no retorno esta legislatura.  

Una complicada aritmética parlamentaria

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La complicada aritmética parlamentaria con la que cuenta el Gobierno esta legislatura no contribuye a mejorar las relaciones con la patronal. No es baladí que la noticia de que Pedro Sánchez acababa de ser investido de nuevo presidente fue recibida con abucheos por empresarios asistentes al acto #QuieroCorredor, en Madrid.

Si durante la pasada los de Garamendi tenían un incentivos para que la Coalición no dependiera de partidos como ERC, actualmente tienen un incentivo para influir en formaciones como Junts o el PNV, históricamente afines a sus posiciones, y que estas veten normas incómodas para los empresarios. 

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Esa es la tesis que abiertamente y desde que se anunció el acuerdo para investir a Sánchez ha defendido Foment del Treball, una de las patronales con más ascendencia histórica dentro de la CEOE y más agresiva desde hace tiempo con el Ejecutivo. En materia de reducción de jornada, donde la ruptura de las negociaciones parece inminente, esta patronal catalana, presidida por Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado desde el primer día abiertamente contraria a entablar negociación alguna y ha calificado la iniciativa de “injerencia”. El mismo lema bajo el que Cepyme, también bajo el ala de CEOE, celebrará este miércoles un acto amadrinado por la gran líder territorial del PP, Isabel Díaz Ayuso. 

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Source: Informacion

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