State and La Caixa Foundation control 50 percent of CaixaBank for the first time

El núcleo duro de accionistas de CaixaBank ha ganado peso desde que se consumó la absorción de Bankia en marzo de 2021. La suma de las participaciones del Estado y la Fundación Bancaria La Caixa —en los últimos tiempos inmersa en una estrategia de relanzamiento del grupo industrial con que alimenta su obra social— ha pasado del 46,13% de entonces al 49,24% del cierre del año pasado. Todo apunta, además, a que podría haber superado ya el 50% o estaría cerca de hacerlo en los próximos meses, debido a las recompras y amortizaciones de acciones realizadas por el banco presidido por José Ignacio Goirigolizarri durante este mes de mayo. Y ello pese a que los supervisores bancarios preferirían que el sector público saliese del accionariado del primer banco del mercado español y que la fundación redujera su peso en el mismo.

CaixaBank, así, es un caso particular entre los grandes bancos del país. Contar con dos propietarios con tanto peso en su capital social le distingue del Santander y el BBVA, primer y segundo bancos españoles por su negocio internacional y que tienen un accionariado mucho más atomizado. Lo mismo sucede con el Sabadell, entre las otras entidades cotizadas del sector. Que tenga tantos accionistas es una de las razones que ha animado al BBVA a lanzar una opa hostil para comprarlo pese al rechazo del consejo de su rival, pero al mismo tiempo eleva la incertidumbre sobre si logrará seducir con su oferta a los propietarios suficientes (la operación está condicionada a alcanzar el 50,01% del capital). Solo Bankiter (controlado por Jaime Botín) y Unicaja (controlada por la fundación Unicaja) tienen una situación equiparable a la de CaixaBank.

El aumento de la participación del Estado y la fundación, eso sí, no se ha debido a que hayan aumentado su inversión. Desde la absorción de Bankia, CaixaBank ha recomprado en bolsa y amortizado cerca de 688 millones de acciones, el 8,5% de las iniciales, dentro de la tendencia general en el sector de usar esta vía indirecta de remuneración a los accionistas. Al reducir el número de títulos en circulación, el valor contable del resto aumenta, lo que anima su cotización bursátil. El último proceso de amortización se produjo el pasado 5 de mayo, pero el día 10 el banco anunció que había cerrado la recompra de otras más de 104,6 millones de acciones. Cuando las amortice, previsiblemente dentro de unos meses, habrá hecho desaparecer el 9,83% de los títulos que tenía en marzo de 2021.

Mayor peso público

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El Estado podría haber vendido algún pequeño paquete de acciones para mantener su participación inicial en el banco, previa a las recompras, pero ha preferido no hacerlo, con lo que su peso en el capital ha subido al reducirse el número total de títulos de la entidad. Así, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, ha pasado de controlar el 16,118% de CaixaBank tras la fusión al 17,623% tras la amortización del pasado 5 de mayo. Si sigue sin deshacerse de títulos, el porcentaje aumentará hasta el 17,877% cuando el banco amortice el último paquete de acciones que ha adquirido. Y de momento el Gobierno tiene poco incentivo para vender: tener un porcentaje mayor del capital le permite cobrar más dividendos (ya ha recibido 998,7 millones de euros desde 2021, que tienen un impacto positivo en el déficit público).

Además, desde que se anunciaron los contactos entre Bankia y CaixaBank en septiembre de 2020, la participación pública se ha revalorizado en bolsa en torno a un 237% y 4.674 millones, de los 1.965 millones a los 6.639 millones de euros. Asimismo, los analistas estiman que la acción de la entidad catalana todavía tiene recorrido al alza y prevén que su beneficio crezca este año hasta superar los 5.000 millones y esté cerca de esa cota en 2025 y 2026, por lo que la mayoría aconsejan comprar los títulos o mantenerlos en cartera. El FROB contrató hace unos meses a STJ Advisors para que le ayude a analizar cuándo y cómo salir del banco catalán (se puede hacer mediante ventas en bloque o pequeñas desinversiones en bolsa). Pero aunque el Gobierno se ha dado hasta el final de 2025 para desinvetir, puede ampliar el plazo tantas veces como quiera.

Reforma legal frustrada

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La Fundación La Caixa, presidida por Isidre Fainé, sí que vendió un pequeño paquete de acciones el año pasado. Su brazo inversor, Criteria, se deshizo de algo más de 24,5 millones de acciones (un 0,32% del capital del banco) por un importe de 99,819 millones de euros y con unas minusvalías de 1,183 millones (vendió a un precio medio algo inferior al valor que otorgaba a su participación en su contabilidad). Con todo, no ha sido suficiente para contrarrestar el efecto de la recompra y amortización de acciones del banco, de manera que su participación ha subido del 30,01% de 2021 al 31,92% del cierre de 2023. Salvo que haya vendido algún paquete adicional en lo que va de año (no se sabrá hasta finales de julio), su peso en el capital habrá subido al 32,47% con la última amortización y pasará al 32,94% con la que está pendiente, de manera que su suma con la del Estado estaría ya en el 50,1% y pasaría al 50,82% en unos meses.

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Esta tendencia contrasta con el deseo de las autoridades de supervisión. El Banco de España no es partidario de la presencia del sector público en la banca, y además propuso a la anterior ministra de Economía, Nadia Calviño, un proyecto de reforma de la ley de cajas de ahorros de 2013 (norma fruto del rescate europeo a la banca española de 2012) para promover que fundaciones como La Caixa redujeran su peso en el capital de sus bancos del 30% al 20%, según fuentes conocedoras de dicha propuesta. El organismo entendía que 10 años después de la ley era necesario cambiar la norma, porque a su juicio no tiene sentido que un gran banco sea controlado por una fundación. En Italia, argumentó, la reforma de las cajas comenzó antes y ya ninguna de esas instituciones fundadoras tiene más del 10% de sus bancos. Sin embargo, el proyecto se quedó en un cajón por la negativa de Calviño. Las fuentes lo achacan a la capacidad de influencia de la Fundación La Caixa en el Gobierno.

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Source: Informacion

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